También llamada de regularidad legal o de cumplimiento, la auditoría de legalidad es aquélla en la que se comprueba si los gestores de una determinada entidad o institución privada o pública han cumplido las leyes, reglamentos y demás normas específicas que afectan al desarrollo de su actividad. En los correspondientes informes de auditoría habrán de señalarse las infracciones legales cometidas y los posibles daños causados.

Este tipo de auditoría en realidad se presenta en los dos sectores de nuestra realidad nacional, es decir, no es excluyente, pero es conveniente precisar que al ejercitarse en el campo público se amplía en cierta medida ya que su marco legal es amplio.

La auditoria de legalidad tiene como finalidad

  • constatar,
  • verificar y
  • cerciorarse

Que las dependencias o entidades del sector público observan en el ejercicio de sus actividades la normatividad establecida y vigente.

Es pertinente indicar que entre los diferentes documentales legales ya sea de tipo general o particular se encuentran entre otros el acta o decreto constitutivo, reglamentos, decretos, convenios de coordinación, contratos, actas de consejo de administración o técnico, circulares, acuerdos, convocatorias y convenios.

La auditoría de cumplimiento de la legalidad es una modalidad más de la auditoría del sector público, la auditoría de cumplimiento de la legalidad se conoce en el sector privado como auditoría de cumplimiento que incluye auditoría de la totalidad de la legalidad de la empresa y también en este caso del sector público.

El sector público entendido como ayuntamientos, asociaciones municipales, fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc, requieren un tratamiento específico, tanto por la legislación que los vincula, como por la gran importancia del cometido que desarrollan, y en el mundo de la auditoría también tienen un tratamiento específico en la auditoría del sector público.

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